Cómo mejorar el RIGI

En Argentina el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) Ley Nº 27.742 y su decreto 749/2024 configura uno de los marcos más atractivos de América Latina para captar la inversión extranjera directa (IED) en sectores estratégicos por las ventajas que otorga a los inversionistas. Sin embargo, cuando observamos los estándares que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recomienda para la inversión extranjera directa en infraestructura crítica, resulta evidente que el régimen argentino presenta vacíos significativos en materia de gestión de riesgos que contrastan con las prácticas que los propios países de donde provienen las inversones.

En efecto, mientras Estados Unidos, la Unión Europea y otros miembros de la OCDE han desarrollado marcos cada vez más restrictivos para evaluar inversiones extranjeras en infraestructura sensible, Argentina ofrece un régimen que prioriza la atracción de capital sin incorporar los filtros de seguridad nacional, resiliencia económica y previsión de eficiencia tributaria que caracterizan las mejores prácticas internacionales.

Marco regulatorio del RIGI y sus ventajas competitivas

El RIGI establece incentivos fiscales extraordinarios para proyectos de inversión superiores a USD 200 millones, incluyendo estabilidad fiscal por 30 años, tipo de cambio diferencial para el pago de impuestos, y la posibilidad de computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias hasta el 100% de las retenciones sufridas.

La amplitud sectorial del régimen abarca minería, energía, infraestructura, tecnología, siderurgia, petroquímica, forestal y turismo, sectores que en muchos casos coinciden con los que la OCDE clasifica como infraestructura crítica y que son claves para el desarrollo presente y el futuro lo que revela la importancia de incorporar estándares internacionales de evaluación de riesgos que trasciendan la dimensión puramente fiscal del incentivo.

Estándares OCDE para inversión en infraestructura crítica.

Argentina solicitó formalmente el ingreso a la OCDE el 8 de julio de 2024 y lo declaró de interés nacional y es una evidencia de la importancia que tiene para el país el proceso de ingreso a este organismo multilateral.

Las recomendaciones de la OCDE sobre inversión en infraestructura crítica enfatizan la necesidad de marcos regulatorios que combinen las facilidades para la inversión con fuertes mecanismos de evaluación de riesgos. Estos estándares incluyen la identificación de activos críticos, la evaluación del impacto en la seguridad nacional, y la implementación de requisitos de divulgación para inversores extranjeros en sectores sensibles. La experiencia de varios países, demuestra que es posible mantener un entorno atractivo para la inversión mientras se preservan consideraciones de seguridad nacional. Estos marcos no impiden la inversión, sino que establecen procesos de debida diligencia que fortalecen la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.

Canadá y la necesidad de equivalencia en el escrutinio de las inversiones

Canadá, además de miembro de la OCDE, es un país con inversiones mineras en Argentina y varios proyectos presentados ya sea aprobados o en estudio para el RIGI como; los Azules (McEwen Copper) por USD 2.672 millones, Taca Taca (First Quantum Minerals) USD 5.250 millones, Altar (Aldebaran Resources) y proyectos de Litio en las provincias de Salta y Jujuy.

En consonancia con las preocupaciones que se expresan en el organismo internacional como la OCDE Canadá intensificó el escrutinio sobre las inversiones en minerales críticos (como el litio) a partir de 2024 fundando su política en la declaraciòn del 4 de julio de 2024:

"El capital extranjero seguirá desempeñando un papel importante en nuestra industria. Sin embargo, los canadienses no pueden ignorar que vivimos en un mundo de competencia geopolítica, donde los minerales críticos son fundamentales para las políticas industriales y de defensa más avanzadas. Canadá acoge con beneplácito la inversión extranjera y reconoce su importancia, especialmente para las pequeñas empresas canadienses, para impulsar la exploración y el desarrollo de yacimientos. En este sentido, el Gobierno debe encontrar un equilibrio entre la protección de los intereses estratégicos de Canadá y el apoyo al desarrollo de sus recursos. Ya hemos reconocido esta necesidad en relación con las consideraciones de seguridad nacional plasmadas en la reciente actualización de la Política Canadiense de Minerales Críticos."

Esta política, que los propios países de origen de las inversiones implementan en sus territorios y los fundamentos de seguridad que la inspiran son válidos tanto para el país emisor como receptor de la inversión. De allí que no deberían presentar objeciones si se aplican los mismos estándares.

Vacíos del RIGI en materia de gestión de riesgos estratégicos y la aplicación de principios de la OCDE

El análisis del marco normativo del RIGI revela ausencias significativas en áreas que la OCDE considera fundamentales para la gestión responsable de inversión extranjera en infraestructura crítica. Entre estas ausencias se destaca la falta de mecanismos de evaluación de impacto en cadenas de suministro críticas, la ausencia de requisitos de divulgación de beneficiarios finales para inversores extranjeros, y la carencia de procesos de consulta interinstitucional que involucren organismos de defensa y seguridad nacional. Las recomendaciones prácticas de la OCDE ayudarían a que el RIGI no solo acelere proyectos, sino que también incorpore los criterios que usan los países inversores para evaluar riesgo estratégico, seguridad nacional y resiliencia de cadenas de suministro críticas. Esta incorporación no requiere desmantelar los incentivos existentes, sino complementarlos con procesos de evaluación que fortalezcan la calidad institucional del régimen.

Riesgos de la implementación actual y oportunidades de mejora

La implementación del RIGI sin los estándares OCDE de evaluación de riesgos estratégicos genera vulnerabilidades que podrían comprometer tanto la seguridad nacional como la sostenibilidad política del propio régimen. Los proyectos de infraestructura crítica desarrollados sin la adecuada evaluación de los riesgos que conlleva pueden crear dependencias estratégicas que limiten la autonomía de las políticas públicas en el mediano y largo plazo. Simultáneamente, esta situación representa una oportunidad para que Argentina configure un marco de inversión que combine la competitividad fiscal con la solidez institucional, posicionándose como destino preferencial para los inversores que valoran la predictibilidad regulatoria y la gestión responsable de riesgos. La incorporación de estándares OCDE podría incluso facilitar el acceso a financiamiento multilateral y mejorar las calificaciones de riesgo país.